ÚLTIMA HORA | España convalida el decreto de vivienda que introduce un 10 % de IVA en los alquileres de corta duración

España ha convalidado un importante decreto de vivienda que introduce nuevas medidas fiscales y normativas que afectan a los alojamientos de alquiler de corta duración, tras una huelga general en todo el país por la asequibilidad de la vivienda y preocupaciones económicas más amplias.

El jueves 12 de noviembre, la Diputación Permanente, el órgano parlamentario que ejerce las funciones del Congreso antes de las elecciones generales del 29 de noviembre, votó por 35 votos a 34 la convalidación del Real Decreto-ley 29/2026.

El decreto está en vigor desde el 8 de octubre, pero sus nuevas disposiciones sobre el IVA entrarán en vigor el 1 de diciembre de 2026.

La votación se produjo apenas 24 horas después de las manifestaciones en todo el país que reclamaban un mayor acceso a una vivienda asequible, lo que sitúa la crisis de vivienda de España en el centro del debate político.

Un decreto distinto, que proponía prórrogas automáticas de los contratos de alquiler de vivienda, fue rechazado por el mismo estrecho margen, con 34 votos a favor y 35 en contra.

¿Qué se ha aprobado?

La legislación introduce varias medidas que afectan a los propietarios y al mercado del alquiler, pero la novedad más importante para los operadores de alquiler de corta duración es el cambio en el IVA.

A partir del 1 de diciembre de 2026, los apartamentos y viviendas amueblados alquilados al mismo huésped durante un máximo de 30 noches estarán, con carácter general, sujetos a un IVA del 10 %, cuando el alojamiento no sea la residencia habitual del arrendador.

Hasta ahora, muchos alquileres turísticos estaban exentos de IVA salvo que se prestaran servicios propios de un hotel.

La nueva medida supone, por tanto, un cambio sustancial para los operadores cuyo alojamiento ha quedado históricamente fuera del sistema del IVA.

La legislación también introduce controles más estrictos sobre los alquileres de temporada y de habitaciones, con el fin de evitar que los contratos temporales se utilicen para eludir las protecciones de los inquilinos de vivienda habitual.

Otra disposición relevante permite a los municipios de zonas oficialmente declaradas tensionadas en materia de vivienda aplicar recargos más elevados en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) a los alojamientos turísticos.

Estos recargos pueden alcanzar el 50 %, y aumentar hasta el 100 % para los propietarios de dos o más inmuebles turísticos y el 150 % para los de cuatro o más.

No obstante, no se aplican automáticamente en todo el territorio y dependerán de las decisiones de cada municipio.

El decreto en su conjunto incluye además medidas para proteger a los inquilinos vulnerables, prorrogar determinados contratos de alquiler de vivienda y fomentar la oferta de vivienda asequible.

Según la información de idealista sobre la votación parlamentaria, el decreto principal ha sido convalidado, mientras que la propuesta separada de renovaciones automáticas de los contratos de alquiler ha sido rechazada.

¿Qué significa para los gestores profesionales de propiedades?

La preocupación inmediata para el sector del alquiler de corta duración en España es cómo afectarán los nuevos requisitos de IVA a los precios, a las reservas existentes y a la relación con los propietarios.

Los operadores que gestionan propiedades que hasta ahora estaban exentas de IVA tendrán que determinar cómo se aplica la legislación a sus negocios, incluido si son responsables de repercutir y liquidar el impuesto.

El calendario es especialmente exigente, ya que las nuevas disposiciones sobre el IVA entrarán en vigor en menos de tres semanas.

Es posible que los gestores tengan que revisar los precios anunciados, las condiciones de reserva y los acuerdos con los propietarios, en particular cuando el alojamiento se comercializa a través de varios canales de distribución.

También hay dudas sobre el tratamiento de las reservas realizadas antes del 1 de diciembre para estancias posteriores a esa fecha, y sobre cómo interactúan las nuevas normas con los acuerdos fiscales existentes.

Son cuestiones que los operadores deben aclarar con sus asesores fiscales, en lugar de dar por hecho que el mismo tratamiento se aplica a todas las propiedades o estructuras de gestión.

Más allá de las implicaciones económicas inmediatas, la legislación refleja la creciente presión política en torno a los alquileres de corta duración en España.

La asequibilidad de la vivienda se ha convertido en un asunto central en muchos destinos, y el enfoque del Gobierno vincula cada vez más el alojamiento turístico con la disponibilidad general de vivienda residencial.

Para los gestores profesionales, el reto será adaptarse a los nuevos requisitos y, al mismo tiempo, demostrar la contribución económica de sus negocios y la diferencia entre el alojamiento gestionado profesionalmente y otras formas de inversión inmobiliaria.

¿Qué ocurre ahora?

Con las nuevas disposiciones sobre el IVA previstas para el 1 de diciembre, los gestores de propiedades españoles tienen poco tiempo para evaluar cómo pueden afectar los cambios a sus negocios.

Siguen sin resolverse cuestiones sobre las reservas existentes, los precios, los acuerdos con propietarios y la aplicación práctica de las nuevas normas en los distintos modelos de alojamiento y gestión.

La próxima semana, en SCALE Wire, analizaremos con más detalle las implicaciones para el sector del alquiler de corta duración en España, con las opiniones de empresas profesionales de gestión de propiedades sobre cómo esperan que la legislación afecte a sus operaciones y al conjunto del sector.